La avidez fiscal del gobierno federal ha llegado a límites extremos. Pese a que existe un impuesto específico para la reparación y mantenimiento de rutas, esos fondos no llegan a destino. También fustigaron (y exigen cambios) el uso de los ATN. Los jefes provinciales se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inveriones.
Ante el reclamo de gobernadores de todo el país por la caída en la recaudación, la falta de obra pública y el nulo mantenimiento de las rutas nacionales así como la actual coparticipación del impuesto a los combustibles, el conjunto de mandatarios propuso un proyecto de ley para eliminar todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966). La idea es que tanto la Nación como las provincias puedan “destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina”. Los gobernadores de todo el país se reunieron en la mediodía de este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En ese marco, acordaron dos proyectos de ley que buscan generar un aumento de recursos económicos para sus jurisdicciones “en el marco de la crisis económica que afecta a los ingresos del gobierno nacional y las provincias”, según expresaron los mandatarios en una nota que lleva la firma de todos los gobernadores y del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
“Hay mucha avidez fiscal en Nación: se queda con todo y no comparte nada: La presión tributaria de las provincias está en un piso histórico y es la más baja en los últimos diez años. Esa información va a contramano del reclamo del mileísmo de exigirle a los gobernadores que bajen impuestos”, se quejan en las provincias.
Los gobernadores están conectados por un grupo de Whatsapp donde comparten datos del CFI y la Fundación Mediterránea que es muy contundente: Mientras la presión fiscal cae en las provincias, Nación continúa aumentándola. “Ahora bien, en términos desagregados, y contrariamente a lo que se podría presumir, se observa una mayor presión fiscal por parte del Gobierno Nacional, que incrementó su ratio del 22.8% al 23% (+0.23 pp.; +1% YoY), en tanto que el Consolidado de Provincias y la CABA operó en sentido opuesto, es decir, reduciendo la presión fiscal sobre los contribuyentes del 5.06% al 4.84% del PIB (-0.22 pp.; -4.3% YoY)”, esgrimen los mandatarios.
Barajar y dar de nuevo
Nación ha manoteado descaradamente fondos que corresponden a todos los argentinos y alardea de la situación. Los gobiernos provinciales le pidieron al jefe de Gabinete Guillermo Francos otro esquema.
Durante el encuentro, los gobernadores buscaron consensuar una postura común para avanzar en una reforma fiscal que les permita compensar la caída de ingresos. Luego de un primer diálogo con Francos, se habían llevado el compromiso de que el gobierno evaluará elevar al 50% la porción coparticipable del impuesto a los combustibles, aunque todavía no hubo una respuesta concreta.
La iniciativa fue acompañada por Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilnek (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Hugo Passalacqua (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta).
También estuvieron representados por sus vicegobernadores Gloria Ruiz (Neuquén), Silvana Schneider (Chaco), Teresita Madera (La Rioja) y Fabián Leguizamón (Santa Cruz). Además firmaron Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gildo Insfrán (Formosa).
Qué modificaciones piden las provincias
En el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, encargado de regular la distribución del impuesto a los combustibles, estableciendo esta nueva distribución:
- Tesoro Nacional: 10,40 %
- Provincias: 58,36 %
- Sistema Único de Seguridad Social: 28,69 %
- Transporte público (Decreto 652/2002): 2,55 %
Antes de esta propuesta, el artículo 19 establecía una distribución diferente del producido del impuesto sobre los combustibles líquidos, que se repartía de la siguiente manera:
- 21% destinado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
- 29% al Tesoro Nacional,
- 29% a las Provincias,
- 42% al Fondo Nacional de la Vivienda.
Concretamente, este reparto se aplicaba al producido de los impuestos establecidos en los Capítulos I y II de la ley, que abarcan los combustibles líquidos y el gas natural comprimido (GNC). Además, los impuestos específicos sobre gasoil, diésel oil, kerosene y GNC se destinaban íntegramente a la ANSES.
