En plena depresión del siglo pasado, fue creada la Dirección Nacional de Vialidad. Todas las rutas nacionales tienen su sello. Pero al amparo de “la motosiera” y una excusa pueril (“fue un antro de corrupción”), el gobierno nacional decide clausurar 93 años de trabajo fructífero
Empezó en 1932 cuando las ideas de Keynes se expandían por el mundo. Ideas que sacaron a Estados Unidos del pozo con una obra pública monumental (vital para la sociedad) y dando trabajo genuino a cientos y miles de desocupados. En el país se replicó el fenómeno y ya de aquellas épocas datan el inicio de las rutas nacionales 12 y 14. Tardaron, eso sí, en llegar a Puerto Iguazú y San Pedro respectivamente, pero llegaron. Ahora, todo entra en un cono de sombras que avizora el temible adiós que pone en riestgo la continuidad de 5100 empleados (entre administrativos, técnicos, operarios y los equipos ingenieriles).
La Dirección Nacional de Vialidad, que este año cumple 93 años desde su creación, cuenta con una planta de unos 5100 empleados y está en el centro del debate desde el mismo momento en que Milei anunció su plan de “motosierra” que comenzó con el cierre de organismos y la eliminación de fideicomisos sospechados de ser “cajas de corrupción”.
El gobierno nacional esperó hasta el último día de las facultades extraordinarias entregadas por el Congreso para hacer el anuncio.
La idea fue buscar el momento justo: se trató de un gesto de alto impacto político. Para empezar, por el “timing” -aunque hacía meses que estaba decidido, se lo comunicó justo antes del final de los poderes extra delegados por el Congreso al Presidente. Pero, sobre todo, por la fuerza simbólica de la obra vial como sinónimo de corrupción durante el kirchnerismo. Hay que recordar que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se halla presa por las obras de Vialidad Nacional.
Desde ese punto de vista, el anuncio hecho por el vocero Manuel Adorni y el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, cumplió su cometido: generó la inmediata reacción de sindicatos, dirigentes opositores -desde la izquierda hasta ex integrantes de la gestión macrista- y a gobernaciones provinciales.
Cómo se llegó a esto. Aunque voceros cercanos a la Casa de Gobierno sostienen que la decisión ya estaba tomada hace algún tiempo, todo fue en virtud de los comúnmente llamados “superpoderes”. Estas facultades delegadas son una herramienta que tuvieron todos los presidentes desde 2002 a la fecha y que otorgan al Ejecutivo la posibilidad de tomar algunas de las medidas que la Constitución le asigna al Congreso sin requerir de una ley. En el caso de Milei, entraron en marcha en 2024 mediante la Ley Bases con un plazo de un año, que se cumple este martes 8 de julio y no será renovado.
El vocero defendió el uso de esas facultades y lo mismo hizo Sturzenegger, quien con un tono mucho más sugestivo (“cuánto hemos trabajado”, dijo al tiempo que agradeció a los funcionarios casi como si se despidiera) remarcó que las facultades delegadas de Milei empiezan y terminan “con un símbolo”: el cierre del INADI como “representación más clara del uso político del Estado para imponer una visión” y ahora de “Vialidad, que es ícono de la corrupción kirchnerista”, según señaló la crónica de iProfesional.
Sin embargo, ya aparecen señales en el sentido de que la asociación lineal “vialidad igual a corrupción” no será aceptada sin discusiones. Por caso, ex funcionarios del sector durante la dirección de Javier Iguacel, en la gestión macrista, mostraron reparos sobre las razones esgrimidas por el gobierno.
“Hoy es imposible que se repita un esquema de saqueo como el liderado por Néstor y Cristina Kirchner a través de Vialidad y es en general mucho más difícil robar con la obra pública gracias a las transformaciones llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri”, afirma Eduardo Plascencia, ex colaborador de Iguacel.
No se puede poner a la misma altura -en rigor- la desaparición del INADI con la de Vialidad. No es lo mismo. La importancia que tiene DNV para los caminos más importantes del país no tiene comparación casi con nada. En la actualidad, las rutas ya se hallan deterioradas luego de casi dos años sin mantenimiento.
Hay que recordar: el cargo que ocupa Sturzenegger en el Gabinete fue creado poco después de la sanción de la Ley Bases que le dio al Gobierno las facultades para avanzar con todas esas medidas ejecutadas por “el coloso”, como llama Milei a su ministro.
En definitiva, lo que dieron a entender Adorni y Sturzenegger es que, al mejorarse la eficiencia administrativa y eliminarse la duplicación de funciones, el ahorro vendrá principalmente por el recorte en gastos de personal.
Los gremios salieron a la cancha. Vistiendo pecheras con la leyenda “Salvemos Vialidad Nacional”, los directivos de los sindicatos plantearon en un acto este lunes: “A este gobierno se lo enfrenta en la calle y con la pelea, todo lo demás es piripipí”.
Por qué las rutas están mal. Para Nación, todo es culpa de los anteriores. Adorni y Sturzenegger expresaron que el mal estado de la red vial no es la consecuencia del ajuste fiscal aplicado por el actual gobierno, sino el resultado de la ineficiencia de las gestiones anteriores.
La mira en ANMAT y el INTA
Con Inteligencia Artificial (IA) esperan agilizar la búsqueda de esos miles de decretos y poder resolver sobre ellos. En la agenda de lo que viene también están en la mira tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Ninguno cerrará, pero sí está previsto una “revisión de competencias” para la primera, en la que ya trabaja Sturzenegger junto al ministro de Salud, Mario Lugones. Por otro lado, con el INTA se prevé reducción de personal y revisión de los estudios que hacen: “Lo que sea más necesario para el sector productivo es lo que prevalecerá”, resumen.
Sobre el Instituto ponen bajo la lupa que duplicó su planta de 3000 a 6000 empleados durante el kirchnerismo, según enumeran, y en las 116 mil hectáreas cuya explotación mirará de cerca el Gobierno.
Con miras a una reforma de fondo, observan lo que sucederá el año próximo en el Congreso de la Nación, con lo que son los preceptos del Pacto de Mayo “como guía”. Fundamentalmente la reforma laboral primero y la previsional después. La reforma tributaria, otro de los ítems del Consejo, quedarían afuera del alcance de la cartera, por estar bajo la órbita de Hacienda.
