El gobierno de Javier Milei busca desmontar la caja de 100 millones de dólares anuales que Acara controla desde hace 40 años. Son fondos de patentamientos de autos y vehículos del país.
El presidente Javier Milei arrancó su gestión y apuntó directo al corazón de una actividad muy rentable: la entrega de títulos, papeles, patentes y autorizaciones de transferencias de todo tipo de vehículo en el país. Ahora, una investigación de Clarín desentrañó que la misma, aunque está en el ámbito del ministerio de Justicia de la Nación, no entra en el Presupuesto anual sino que viaja en forma paralela con una entidad externa a las cuentas del Estado: la Asociación de Concesionarios de Autos de la República (Acara). Y el dinero en juego es significativo: unos 100 millones de dólares al año.
Acara controla desde hace casi cuatro décadas gran parte del flujo de fondos que se mueven en los Registros del Automotor. Esta entidad tiene el monopolio de la venta de documentos, formularios y patentes a esas dependencias, por más que muchos de esos artículos sean impresos por otra dependencia del Estado, como es la Casa de la Moneda. Se trata de un presupuesto aproximado de 100 millones de dólares anuales (100 mil millones de pesos), que le permite a Acara tener dentro del Ministerio de Justicia su propio equipo de empleados, que controlan todo el flujo de documentación e ingresos de los patentamientos y transferencias de autos.
El nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se propuso controlar y eliminar la presencia de Acara dentro de su propia dependencia. No será una tarea sencilla. Con el dinero que aportan los propietarios de autos de Argentina, Acara paga viáticos, servicios de consultoría, alquileres, compra bienes de consumo, afronta gastos bancarios y otras erogaciones de capital por cifras millonarias. “Todo sin control ni rendición de cuentas más allá del accionar de una comisión fiscalizadora que depende del Ejecutivo”, reveló una investigación del diario Clarín.
“Desde épocas de Alfonsín administra el Ente Cooperador ACARA, un convenio con el ministerio de Justicia y en los hechos una tercerización más de la política para comprar y contratar sin licitación, salteándose las normas del Estado“, relató Ricardo Roa.
Así, “es una caja que funciona sin control, sostenida por un fuertísimo lobby político y financiado con plata de todos. Esa montaña de dinero se cree que llega a los 10 mil millones de pesos por año”.
Acara manejó durante cuatro décadas el negocio de las inscripciones de registro, patentamiento y transferencias. Por fuera del Presupuesto nacional
¿Cómo hubo difusión de esto? Por un simple despecho. El desplazado presidente de Acara Ricardo “Canuto” Salomé llevaba décadas en la entidad y es dueño del grupo Galia de concesionarias de La Plata. “Estos entes como Acara no tienen razón de existir. Deberían estar dentro del presupuesto nacional y no por fuera. Ninguna gestión hizo nada, les faltó coraje”, denunció.
La denuncia de Salomé, en un punto autoincriminatoria, blanqueó algo poco o nada sabido: el Ente “tiene 4800 empleados” que paga Acara pero que trabajan en el ministerio de Justicia. También ese Fondo paga los incentivos para el personal de planta.
Acara además administra otros tres fondos. Uno, con provincias y municipios, más grande aún que el de Justicia, y otros con la Agencia de Seguridad Vial y el ministerio de Seguridad: compran vehículos y pagan sueldos. Todo financiado con dinero de (las gestiones por obtener) la cédula azul.
Todo se inició por un despecho. El anterior presidente de Acara fue echado y contó todo
Tras la revelación de Clarín de que el ente privado mantiene desde hace años el funcionamiento de la mayor parte del Ministerio de Justicia, incluido personal de la Oficina Anticorrupción, el organismo quedó bajo la lupa por la administración de la caja sobre la que no se rinde cuentas a los organismos de control que supervisan la Ley de Administración Financiera por una simple razón: no están en el Presupuesto Nacional que se elabora cada año.
El gasto más escandaloso, al menos hasta el momento, es el más de medio billón de pesos que se destinó para sobresueldos para los empleados del Ministerio de Justicia, bajo la figura de “incentivos”, que pagó Acara durante los últimos dos años de la gestión de Martín Soria, bajo el gobierno de Alberto Fernández. Fueron, en total,
$ 592.612.530.000.
La investigación de Cúneo Libarona cuenta con el apoyo de la diputada Patricia Vásquez, autora del proyecto de Ley para que el trámite de patentar un auto en Argentina se reduzca del 10% actual sobre el precio de lista del auto a sólo 20 dólares (ver proyecto). “Siempre lo dije, la solución es eliminar las intermediaciones que se comen gran porcentaje de la plata de la gente: arancel único, sin relación al valor del auto, patente única y basta de cajas e intermediaciones”, dijo Vásquez.
Si avanza el proyecto oficial, todos los trámites de inscripción y/o transferencia se saldarán con un arancel único de 20 dólares
Fuentes allegadas a la diputada Vásquez indicaron que el actual convenio entre Acara y el Gobierno nacional “se puede terminar sin consecuencias ni resarcimientos, con la sola firma del ministro de Justicia, es una decisión política”. Quitando esta intermediación de Acara y con un arancel único de 20 dólares, “al Estado le entraría más plata de lo que le ingresa hoy“, informaron las mismas fuentes.
