El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó el jueves 30 de septiembre, a menos de 24 horas de su sanción, la ley que agrava las penas para quienes invadan tierras privadas, una iniciativa que volvió a ser cuestionada por grupos sociales, de indígenas y campesinos, y que amenaza con agravar la serie de protestas que se registran en las calles de Asunción.
La promulgación –“en forma meteórica”, ironizó el diario Última Hora- fue anunciada por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa.
Lo central de la nueva norma es la modificación de artículo 142 del Código Penal para gravar con hasta 10 años de cárcel a quienes ocupen propiedades privadas, una cuestión por demás sensible en un país con una fuerte concentración de la tierra.
Hasta este jueves, la “invasión de inmueble ajeno” era penada con hasta 5 años de prisión y se aceptaban “medidas alternativas”, y ahora la pena va de 6 a 10 para el caso de que exista “violencia o se registren daños” a la propiedad.
Por otro lado, ni la Justicia ni el Estado investigaron jamás sendos pedidos de la ONU y de la Comisión de la verdad que advirtieron que durante la dictadura de Alfredo Stroessner el 37% de las tierras útiles del país habían sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.
Pese a la promulgación, a las puertas del Congreso se mantenía la vigilia de representantes de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, que advierten que la modificación del Código Penal que significa la ley solo apunta a “criminalizar” la protesta y pone en riesgo la ocupación ancestral de muchos terrenos por parte de los locales.
El miércoles, grupos de manifestantes ya habían cerrado rutas en el interior del país y, tras enfrentarse con la Policía, dieron un ultimátum 48 horas a Abdo Benítez para que vetara la ley, pero el mandatario desatendió esa pretensión.
El clima de tensión en los alrededores del Parlamento se complejizó con la detención del líder indígena Derlis López Ortiz, que, según la Policía, tenía cuatro órdenes de detención en contra.
La captura generó un cruce de piedras, flechas y balas de goma entre los manifestantes y la Policía Nacional.
El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, hizo un llamado “a la paz y a la concordia de todas las comunidades, para favorecer el diálogo” y denunció que los pueblos originarios fueron “manipulados” por grupos a los que no identificó.
En la conferencia de los funcionarios, consultado por la premura en la promulgación de la controvertida norma, Huttemann dijo que Abdo Benítez ya venía haciendo “el análisis y estudio anteriormente”.
“Ya se venía manteniendo conversaciones con los parlamentarios y proyectistas y una vez que ingresó la decisión ya estaba tomada”, aseguró.
La ministra Pérez, por su parte, afirmó que la aplicación de la ley “va a estar en la cancha de cada Juzgado”, por lo que será el juez quien decidirá eventuales sentencias.
Se estima que en Paraguay hay unas 8 millones de hectáreas –algunos relevamientos hablan de 12 millones- cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a la dictadura de Stroessner, un paquete de propiedades que la prensa y las organizaciones suelen llamar “tierras malhabidas”.
Lo central de la nueva norma es la modificación de artículo 142 del Código Penal para gravar con hasta 10 años de cárcel a quienes ocupen propiedades privadas
El proyecto fue presentado en el Senado por Fidel Zavala, de Patria Querida, pero tuvo el enorme acompañamiento de las bancadas en las que se divide el gobernante Partido Colorado en las dos cámaras.
Pocas semanas antes de la presentación de esta iniciativa había ingresado al Congreso otra en sentido opuesto: buscaba, justamente, despenalizar las tomas.
En el Senado se registró una nueva discusión sobre el tema, antes del inicio de la sesión, y la oposición volvió a cuestionar la sanción.
Sixto Pereira, del Frente Guasú, lamentó que exista “una política excluyente y un Estado servil a un grupo económico”, y criticó que no se haya escuchado siquiera el pedido de diálogo de la Iglesia Católica.
La senadora oficialista Blanca Ovelar fue de las pocas voces oficialistas en marcar una diferencia: “Las enormes dificultades para enfrentar un país tremendamente desigual se perciben en estos incidentes, donde por una parte existe un derecho a la propiedad privada y por otro a acceder a una parcela”, comentó.
“Esto demuestra el fracaso de administraciones; es insuficiente la capacidad del Estado para abordar este tema”, apuntó.
Mientras, la demoprogresista Desirée Masi afirmó que la ley no es una solución a nada y advirtió que “no se puede seguir tratando de esconder bajo la alfombra la grave problemática de las tierras y diciendo que se trata de una cuestión ideológica”.
“Aunque sí se trata de una cuestión ideológica: de gente que cree que es normal la inmoral desigualad que se tiene en Paraguay”, ironizó.
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que agrupa a 35 organizaciones, Abel Areco, integrante del Equipo Jurídico, alertó que la ocupación era “para muchos sectores el único método para acceder a una porción de tierra, y para que se atienda el reclamo y fueran reubicados”.
“La nueva ley responde a intereses del sector latifundista, de ganaderos, de productores de soja.
Claramente hay un interés empresarial detrás, y se basa en un discurso falaz que no se ajusta a la realidad”, advirtió Areco en declaraciones a Télam.
Integrante además del Centro de Estudios Base Investigaciones Sociales, el abogado lamentó que “en Paraguay no hay una política pública para garantizar el derecho de acceso a la tierra y los presupuestos parta comprar tierras de los organismos que se ocupan de la cuestión son ínfimos ante la demanda que existe”.
