La Federación Inmobiliaria planteó que pasar de dos a tres años el mínimo de inicial de contrato y una actualización anual de valores no ayudan a que la norma pueda ser aceptada. Y con esas modificaciones se pueda tener un comportamiento más adecuado de la demanda y oferta de locaciones en el mercado inmobiliario
Alargar el plazo inicial de dos a tres años y la no posibilidad de discutir alzas en los valores en una economía con alta inflación son dos puntos que deberían cambiarse. Así lo entendió la entidad que agrupa a Colegios y Cámaras Inmobiliarias a lo largo y ancho de todo el país. La Federación Inmobiliaria de la República (FIRA) envió una nota al ministro de Desarrollo Productivo, Roberto Feletti, donde le solicitaron que se puedan rever algunos puntos de la actual ley de alquileres. “Hay algunos errores profundizados con el dictado de algunas normativas, en especial con la llamada Ley N° 27.551 (…) Esta denominada Ley de Alquileres en vigencia desde Julio 2020, rige en todo el territorio nacional y su aplicación ha demostrado, no proveer de una solución a la crisis habitacional”.
En ese punto, desde Fira admitieron algunas mejoras tales como por ejemplo, la posibilidad de constituir un domicilio electrónico, la identificación de qué expensas corresponden a cada parte, la derogación de la prohibición de indexar contratos de locación de inmuebles en un país con un índice inflacionario variable, como también la inclusión del Art. 1351 que reconoce en la intervención de un Corredor Inmobiliario Profesional, su derecho al cobro de honorarios por el servicio solicitado.
Pero en dos puntos, opinaron que el área de Feletti puede realizar algunas correcciones para que la norma funcione mejor. Esto es, que haya más y más variadas ofertas de locaciones en el mercado.
“El cambio drástico en el plazo mínimo inicial de 2 a 3 años de duración de los contratos, en un momento de imposible previsión ni a corto ni mediano plazo. Desde el sector entendemos que si el plazo retornara a ser de 2 años puede generar menos dudas en quien dispone de la propiedad en alquiler ya que si la relación contractual no resultara por diferentes motivos, acortaría el plazo de finalización de la misma. Por el lado del Inquilino representaría menos gastos de su parte correspondiente a sellados (se calculan sobre el total del contrato)”, señalaron en una nota dirigida a Feletti.
Y el otro punto es la cuestión de poder discutir antes del año los cánones. “2) La actualización del canon locativo cada 12 meses, un período muy largo, en un contexto inflacionario desequilibrado. Dicho plazo de actualización ha demostrado arrojar porcentajes elevados, difíciles de prever”.
Hay un elemento adicional -advirtieron- que juega en contra de los futuros locatarios. “Pero además ha generado que quien dispone su propiedad en alquiler busque cubrir el plazo de doce meses, en comparación con la suba del resto de los precios, elevando el valor inicial. Por otro lado, los porcentajes mencionados, si bien funcionan como un techo o límite para la actualización del canon de quien ha firmado el contrato, han resultado ser también un “piso” o inicio de precio para demás unidades similares que se han desocupado, que, cuyos contratos firmados con ley anterior, arrojaban valores considerablemente menores”.
En definitiva, aclararon que no esperan una mejoría ostensible de llevarse a cabo estas sugerencias. “Derogar o modificar la Ley de Alquileres no traerá soluciones de manera automática, se necesitan medidas mucho más abarcadoras, que se concentren en: solucionar la inflación sostenida hace largos períodos, la falta de créditos hipotecarios, la falta de seguridad jurídica, la necesidad de incentivos, fondos de inversión inmobiliaria, impulsos a la construcción, reconsideración de costos impositivos nacionales, provinciales y municipales, respetar e incrementar el poder de policía de los colegios profesionales para combar el corretaje inmobiliario ilegal, que vulnera la profesionalización y desnaturaliza los valores del mercado de venta y locaciones, así como las condiciones de contratación y el respeto por las leyes, ayudar a combar la competencia desleal y el monopolio de franquicias extranjeras, entre otros factores de la economía general, que inciden en la situación actual”.
La nota llevó la firma del titular de Fira, el chaqueño Emilio Caravaca Pazos.
