Las constructoras se declararon en emergencia y advierten que muchas están a punto de cerrar y le reclaman al Gobierno una solución inmediata. Solo en Misiones hay alrededor de 50 obras públicas suspendidas: entre las más importantes, el agua potable para Bernardo de Irigoyen, la ruta 105 Posadas-San José y el arroyo Mbotaby de Oberá
Era un grito de guerra: “No hay plata” fue enunciado una y muchas veces por los libertarios y su líder Javier Milei (hoy Presidente). Al momento de empezar a concretar la expresión uno de los sectores que más empezó a sufrir los efectos fue el de la construcción.
Ya durante la campaña lo había anunciado: el Estado dejaría de financiar los proyectos que pasan a riesgo de las propias empresas contratistas con el objetivo de reducir el déficit estatal. Esto puede hacerse con un proceso de transición de mediano plazo (uno a dos años). El marco legal existe y permite ingresar las inversiones de particulares. Se llama Programa de Participación Público-Privada (PPP). Pero otra cosa es cortar de cuajo todo. Según anuncios extraoficiales, sólo se tratarán de finalizar aquellas que ya estén ejecutadas en al menos un 60 por ciento.
Según publicó Primera Edición, en los despachos oficiales de Misiones hay una lista en la que figuran obras de diferentes rubros. Las de mayor presupuesto son la provisión de agua para Bernardo de Irigoyen por más de $2303 millones; la finalización de la autovía de la ruta nacional 105 hasta la nacional 14 por casi 3000 millones; la estación transformadora de 132, 33, y 13,2 kv para Puerto Iguazú por más de 1.000 millones; el saneamiento del arroyo Mbotaby por 1767 millones en Oberá; y obras de urbanización del RENABAP por casi 3000 millones.
En ese sentido, desde la Cámara Argentina de la Construcción señalaron en su declaración de emergencia que esta situación producirá la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos en el país. Además, advirtieron que “el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”. Un mensaje que se puede hacer extensivo a muchos otros sectores y del cual el gobierno de Milei debe tomar debida nota si quiere llegar a buen puerto. Según informe difundido por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en la actualidad existen cerca de 3500 proyectos en ejecución que se encuentran paralizados y que ponen en riesgo la actividad de 1400 empresas asociadas.
“El sector sólo puede soportar unas pocas semanas más en estas condiciones”, advirtió la Cámara Argentina de la Construcción
Los representantes de estas empresas hablan de una situación “de extrema gravedad” debido al freno de los emprendimientos, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas de interés.
En cuanto a la provisión de agua, en Misiones faltan los fondos del ENHOSA para infraestructura en varios municipios por más de 113 millones; la ampliación del sistema de toma del río Iguazú por 342 millones; el reacondicionamiento de la toma sobre el arroyo Mbocay con la nueva planta de potabilización donde hay certificadas obras por 228 millones y una redeterminación de precios que empujó la alta inflación de los últimos meses por otros 111 millones. Además aparece la red de abastecimiento de agua de Gobernador Roca por $652 millones.
En el paquete de viviendas, la Unidad Ejecutora Provincial e IPRODHA tienen pendiente de cobro más de $1100 millones de los programas “Casa Propia” versiones II, III, IV y V del exMinisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat hoy devenido en Secretaría.
La decisión del gobierno libertario en el caso de la obra pública fue la de desmantelar de manera inmediata el plan “Argentina Grande” que el ex Ministerio de Obras Públicas kirchnerista había puesto en marcha con un alcance federal, con con 5000 obras públicas y 979 proyectos distribuidos en todo el país.
Con ese plan, el anterior gobierno se proponía, supuestamente, transformar la matriz de desarrollo productivo del país, con obras estratégicas que impulsaran la creación de empleo.
Empleos que ahora corren riesgos: hay 200 mil puestos en el país en esta situación.
El riesgo es claro: pueden perderse 200 mil puestos de trabajo
El criterio de enviar fondos es uno solo: el Gobierno establecerá que con los fondos disponibles se culminarán las obras que formen parte del grupo de proyectos con un “alto grado de avance físico”. Es decir que la prioridad no estará dada por el tamaño ni la “importancia” de la obra, sino por cuán cerca estén de terminarse.
El alto grado de avance debe ser de 60 por ciento o más: en esos casos, tratarán de finalizar la obra en ejecución
“Si alcanza para todas, mejor; pero si no, se priorizará. Y en este marco, la prioridad es terminar las que estén más avanzadas. El objetivo no es señalar a dedo y decir ‘esta es más importante que la otra’, sino terminar directamente las que tengan más grado de avance”, explican fuentes oficiales. Y aclaran que quedarán exentas aquellas obras que cuenten con financiamiento privado o de organismos bilaterales internacionales: en ese caso no habría impedimentos para su terminación.
