El Ministerio de Justicia informó que revisarán los pagos a las personas que perciben un resarcimiento por haber sido víctimas del terrorismo de Estado. Si hubo algún delito de estafa o falsificación de documentos públicos podrá pedirse el reintegro de lo pagado. El caso del joven adoptado en Misiones y procesado
Adrián Martínez Moreira tenía aceitados mecanismos para iniciar reclamos al Estado y cobrar sumas por demás apetitosas de dinero. Reunía gente por Facebook y juntaban información para pedir la indemnización. Para más datos, es de Misiones e inició sus reclamos con una historia de que sus padres habían formado parte del Ejército Revolucionario del Pueblo de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive “habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980″. Tantos fueron los casos que terminó cayendo: Martínez fue procesado como organizador de la asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos. Junto a él, también fueron procesados otros integrantes de su organización como miembros de la asociación ilícita. El juicio ya tiene su tiempo y ahora el Gobierno va por más.
Con la frase “se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció que el Gobierno anunció que auditará los pagos de las indemnizaciones que se realizaron a las víctimas del terrorismo de Estado. Y que en caso de probar la comisión de delitos (para tratar de recibir el beneficio que en su momento era el equivalente a unos 150 mil dólares aunque en los primeros tiempos llegaron a ser 200 mil dólares) se solicitará la devolución del dinero abonado.
“Era gente que se presentaba con documentación y testigos falsos a reclamar esa reparación. Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodos como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaban”, detalló Cúneo Libarona a LN+
El Ministerio de Justicia comunicó que se avanzará con una «auditoría integral» de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. Según el comunicado, el organismo «determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago».
A su vez se informó que la auditoría surge a raíz de la causa «Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», en la que se procesó a un grupo de personas por estafa al Estado. Además el organismo aseguró que existen «otras causas penales en tramite» por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que «no contaban con documentación respaldatoria de su reclamo».
Por su parte anunciaron que articularán medidas «para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan» y adelantaron que reclamarán el reintegro de las sumas pagadas de manera fraudulenta.
Indemnizaciones del Estado
Las indemnizaciones que otorga el Estado para víctimas de la dictadura cívico militar se amparan en seis leyes nacionales. Estas se aplican sobre aquellas que fueron desaparecidos de manera forzosa que hubieran ocurrido hasta el 10 de diciembre de 1983 y exdetenidos.
También alcanza a personas que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores, permanecieron detenidos en relación a sus padres, «siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares».
La auditoría en cuestión será sobre un total de 7996 indemnizaciones, además del caso de 14400 personas exiliadas. “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”, precisó.
El caso Adrián Martínez: 62 hechos
El juzgado federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires procesó a cinco personas como integrantes de una organización criminal que se dedica a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.
Adrián Martínez Moreira fue procesado como organizador de la asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos. Junto a él, también fueron procesados como miembros de la asociación ilícita otras cuatro personas, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos: a través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.
Justos y pecadores
En tanto, Cúneo Libarona contó que para esa tarea está formando un cuerpo de auditores ya que deben analizar un total de 2550 juicios en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. “Mucho está pago y mucho falta por pagar. Hay mucho justo y muchísimo pecador, lo que quiero es descubrir la banda de pecadores. Quiero ver los expedientes, esto me divierte y me apasiona bastante”, manifestó.
