La Ley de Bases contiene un marco normativo para reactivar la construcción con el otorgamiento de “concesiones de obras e infraestructuras públicas”. En algún tiempo se llamó PPP (o programa de participación privada): las firmas ofrecían hacer la obra y conseguir financiación. Y se cobraban con peajes o concesiones
Sólo vaya una anécdota de hace dos décadas. El gobierno de Néstor Kirchner acababa de iniciarse con todo el viento del mundo a favor: el ministro Roberto Lavagna había estabilizado las variables económicas y financieras (la inflación de ese año sería del 3% ANUAL y sin planes sociales) y los precios de los commodities estaban por el cielo. Daniel Cameron era el flamante Secretario de Energía de la Nación que se llegaba a Posadas. Interrogado por la iniciativa de Techint (la multinacional argentina más grande del mundo) que preveía traer gas natural desde Bolivia y pasar por Misiones de norte a sur e ir dejando la conexión para particulares y empresas, Cameron respondió a este periodista: “No. No nos interesa. Lo haremos nosotros (por el gobierno)”.
Era el PPP que impulsó Carlos Menem.
Todos conocen el final de la historia. Cameron no está más. Y Techint no pudo hacer la obra (con su propia financiación) que iba a traer gas natural a Misiones para 2006 (¡y cobrarse con peaje!). La obra -al igual que Kirchner- se murió y ya nadie habló más de la misma. En 2006 Misiones ya iba a tener gas natural. Hoy (casi 20 años después) es la ÚNICA PROVINCIA DEL PAÍS SIN EL FLUIDO energético que tanto necesitan los hogares como las empresas para la producción.
Al final de su segundo mandato, Carlos Menem (1989-1999) impulsó los PPP (Programa de Participación Público-Privada) con el que las empresas particulares se ofrecían a realizar obras públicas y se encargaban de buscar financiación. ¿El cobro y recupero de la inversión? A través del peaje y concesión por determinado lapso de tiempo.
Ahora llega el RIGI.
La ley Bases que impulsa la administración de Javier Milei contiene un marco normativo destinado a reactivar el sector de la construcción con el otorgamiento de nuevas “concesiones de obras e infraestructuras públicas” a través de la inclusión del “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones” (RIGI),
El nuevo esquema de concesiones -que remplaza al vigente que había sido establecido a fines de la década del 60 durante el Gobierno militar de Juan Carlos Onganía- contempla entregar bajo el formato de “concesión” la ejecución y ampliación de obras que promueva el Estado y proyectos que surjan de iniciativas motorizadas por empresas privadas que sean declaradas de “interés público y convenientes para la sociedad”.
Con el régimen de concesiones en juego -que les garantizará a las empresas el equilibrio de sus ecuaciones económicas-financieras a lo largo de los contratos-, la gestión libertaria prevé avanzar con la construcción de nuevas cárceles, rutas, hospitales y escuelas financiadas y mantenidas por operadores privados que recuperarán sus inversiones con el cobro de tarifas y peajes o con desembolsos a cargo del Estado.
Incluido como un capítulo de la sección “Contratos y acuerdos transaccionales” de la ley Bases, el nuevo esquema estipula que “el Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones por un plazo fijo o variable a sociedades privadas para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”.
En cuanto a origen de los proyectos, el texto de la ley Bases determina que “el Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras e infraestructuras públicas en sectores considerados de interés público”. A se vez, empresas e inversores también podrán elevar al Gobierno “iniciativas privadas específicas para la ejecución de obras o infraestructuras públicas mediante el sistema de concesión”.
Cómo funcionará (si se aprueba)
Entre otros puntos salientes, el nuevo régimen de concesiones dispone lo siguiente:
- La licitación se adjudicará a la oferta más conveniente conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y en las bases del llamado a empresas privadas
- A lo largo de las concesiones, el Gobierno deberá garantizarles a las empresas adjudicatarias el mantenimiento del equilibrio de su ecuación económico-financiera con mecanismos de recomposición que estarán previstos en la documentación licitatoria y en la firma de los contratos.
- En los casos de fuerza mayor o actuaciones oficiales que resulten determinantes de la ruptura sustancial de la economía del contrato, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por hasta igual término al de su duración inicial.
- Ante una distorsión de la ecuación económica-financiera por causas no imputables a ninguna de las partes, las mismas estarán facultadas para renegociar el contrato con el fin de alcanzar su recomposición o convenir su extinción de común acuerdo.
- De no arribarse a un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración de un Panel Técnico y, si correspondiere, a un Tribunal Arbitral.
- En caso de extinción por mutuo acuerdo, la reglamentación determinará el plazo desde la fecha de suscripción del convenio de extinción dentro del cual deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos y, en su caso, el pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes.
Fuente: Elaboración propia e iProfesional
